“Ni la política da
igual, ni todxs lxs políticxs son iguales, ni todas las políticas dan lo mismo”
La justicia, junto con la
igualdad, la libertad y el pluralismo político, es un valor superior de nuestro
ordenamiento jurídico (art.1.1
Constitución Española). Asimismo, numerosos convenios internacionales, y
nuestra propia Constitución, reconocen, como un derecho fundamental, la tutela
judicial efectiva por los jueces y tribunales de los derechos e intereses
legítimos y, el derecho de defensa. Además, el art. 119 de nuestro Texto fundamental consagra la
gratuidad de la justicia para quienes acrediten insuficiencia de recursos para
litigar.
El
pasado 21 de noviembre se publicó en el BOE, la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses. Este texto normativo impone el pago de tasas para el ejercicio de la
potestad jurisdiccional en los ordenes civil, contencioso-administrativo y
social, y viene a modificar el régimen de acceso a los tribunales.
A
este respecto, debe indicarse que las referidas tasas son un obstáculo
económico para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva. Pronto
empezaremos a conocer casos de ciudadanos que no pueden interponer una demanda
o un recurso por no poder hacer frente a los costes de un procedimiento, ya que
a las tasas deben sumarse otros gastos ocasionados en el proceso y políticas
que recortan el derecho de asistencia jurídica gratuita.
El Gobierno espera recaudar en
torno a 306 millones de euros con su aplicación. No obstante, esta medida no sólo
supone un aumento de la capacidad recaudatoria
del Estado, en tiempos en que las economías familiares están muy mermadas, sino
que es una conculcación de derechos
fundamentales, que deja desamparadas a las personas con menos recursos impidiendo
que puedan acceder a los tribunales, ya que su cuantía es desmesurada,
provocando un efecto disuasorio que cercena un derecho básico, ampliamente reconocido por nuestra
Constitución y por la doctrina del Tribunal Constitucional.
Así, en este contexto, todo el
mundo judicial está en pie de guerra y el PSOE ha presentado un recurso de
inconstitucionalidad.
Creo que debemos advertir que
medidas de este tipo no están encaminadas a buscar una salida de la crisis
económica, sino que imponen un modelo injusto e insolidario, instaurando
barreras económicas para el ejercicio de derechos fundamentales o para poder
acceder a servicios públicos básicos.
No sólo se trata de reducir
nuestro déficit, se pretende implantar
un modelo ideológico, basado en las
tesis conservadoras y neoliberales, en el que las personas con menos recursos
estarán desprotegidas y al amparo de los designios de los poderosos.; en el que
los bienes y servicios públicos serán asignados en régimen de mercado para
quienes tengan capacidad económica y en régimen de beneficencia para el resto.
En esta situación, debe revalorizarse
la política, e en especial, las políticas socialistas, que defienden la
cohesión social, la igualdad y la justicia.
Porque no somos lo mismo, porque no da igual.
José Luis Quintana Cortés
(@petrovic_13)
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